Foro Alternativo Mundial del Agua

Quim Pérez, de la plataforma ciudadana Aigua és vida, denuncia las consecuencias sociales de la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat

Desde Aigua és vida están denunciando la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ahora gestionada por Acciona. ¿En qué situación se encuentra todo este proceso después de los recursos de Agbar y del organismo regulador de la Generalitat?

No hay nada parado. El proceso de privatización continúa. La ley ómnibus abrió la puerta a la privatización del agua. Se inicia un concurso con la excusa que hay un déficit. Y se presentan Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar). La Agencia Catalana del Agua ya se creó con un déficit inicial de 500 millones. Durante los gobiernos de CiU creció a 800, el tripartito lo incrementó a 1300 millones de euros, pero en su favor hay que decir que, al menos, realizaron tareas de mantenimiento en las infraestructuras de la red, cosa que no se había hecho en los años anteriores.

La Generalitat se enfrenta ahora a un problema importante. El proceso está recurrido por Agbar y el Órgano Administrativo de Resoluciones Contractuales de Cataluña (OARCC). Si la Generalitat pierde el litigio, Acciona tiene garantizada una indemnización multimillonaria. Además, el president Mas se ha comprometido a reembolsar los 298 millones de euros que ya fueron abonados en concepto de canon, los costes financieros derivados de la operación -unos 1000 millones de euros en el período de concesión de 50 años- y el lucro cesante, que son los beneficios del negocio. Por lo que Acciona, de momento, sigue gestionando todo.

¿Mil millones por 50 años? ¿Tiene algún sentido? ¿No da la sensación de que se hipoteca parte del futuro?

No tiene ningún sentido una concesión de este tipo, porque además la deuda existente en la gestión y distribución la ha asumido la Generalitat de Catalunya. Los 700 millones de euros que según ellos eran el problema y el origen de la privatización de ATLL no los asumirá en ningún caso la empresa concesionaria, en este caso Acciona. Las cargas se repercuten en la ciudadanía, acabamos pagando todos. Las consecuencias sociales de la privatización del agua recaen en la sociedad que debe afrontar un incremento del precio del recibo.

¿Qué consecuencias tiene sobre la ciudadanía una gestión privada del agua?

En este caso, esta privatización afecta al consumo de una región metropolitana con cinco millones de personas, pero fuera de esta zona también se da una privatización. En Girona, la gestión del agua es privada, al igual que en Lleida, mientras en Tarragona, es una empresa mixta controlada por Agbar. Antes de la privatización de ATLL ya había un 80% de gestión privada. En este sentido, es importante diferenciar la distribución en alta -desde los puntos de captación, sea cuenca hidrográfica o desaladora, hasta los depósitos municipales-, de la baja distribución, que es la que garantiza que el agua llegue a casa, que es la más visible y que está más sometida al mercado. Es ahí donde está el mayor negocio, con importantes márgenes comerciales. En la alta distribución, no se dan estos márgenes de beneficio aunque también pueden llegar a ser importantes. Según todos los cálculos, Agbar conseguirá 3500 millones de euros más de beneficios con el nuevo contrato de Barcelona, ya que desde hace 145 años, Aguas de Barcelona gestiona un suministro sin un contrato firmado. Hay una sentencia judicial que considera que hay una apropiación indebida de un bien público. Hay mucha oscuridad y dejadez en este asunto.

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Categories: Historias globales

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