Foro Alternativo Mundial del Agua

El agua es un bien natural y un derecho fundamental, imprescindible para la vida y condición elemental para el acceso a otros derechos como son el derecho a la salud, a la alimentación y al bienestar general de las personas.

La crisis del agua que se vive en el territorio nacional ha sido provocada por el deterioro de los ciclos y las fuentes de agua, por los impactos del cambio climático y agravada en extremo por una administración estatal contraria a los principios del derecho humano al agua, la justicia climática y el cuidado de la Madre Tierra.

Esta crisis, que puede considerarse como una crisis humanitaria de dimensiones alarmantes en algunas regiones y ciudades, ha obligado a la población a proveerse de agua en condiciones precarias – en muchos casos por fuera del sistema de saneamiento, afectando a los más vulnerables, en particular a las mujeres, obligadas a intensificar el uso de su tiempo, sacrificando inclusive sus horas de descanso y arriesgando su seguridad personal.

Sin embargo, esta crisis también es una oportunidad que nos debe llevar a poner en práctica un cambio trascendente de modelo de organización social y productiva y del sistema de valores que se exprese en una sociedad fortalecida, solidaria y justa para todos y todas, institucional y socialmente capaz de cuidar/cultivar el agua y, por tanto, con capacidad de respuesta ante los cambios globales.

Por ello, como ciudadanos y ciudadanas que tienen el irrenunciable y el legítimo derecho a expresarse sobre ésta y otras problemáticas y asuntos nacionales, nos pronunciamos exigiendo:

o Que el gobierno, las gobernaciones y los gobiernos autónomos municipales asuman sus respectivas competencias para una gestión responsable del agua e inviertan eficientemente nuestros recursos en sistemas de agua limpia para consumo humano y agricultura. Que el gobierno central y las gobernaciones se concentren en construir sistemas de energía limpia como la energía solar o eólica, que inviertan en una transición justa, en salud, seguridad y en la vida de las población y en particular para prevenir la violencia y el machismo contra las mujeres y las niñas. Que inviertan en la vida y no en la muerte.

o Que se ponga fin a los gastos dispendiosos y exorbitantes en edificios estatales para la burocracia, seguridad, viajes y comodidades para la casta gobernante a costa de nuestros recursos, de nuestra vida y nuestra salud.

o Basta de invertir el dinero del pueblo en políticas y mega proyectos insostenibles ecológica y socialmente, poco transparentes, poco efectivos y con serios impactos en el ciclo del agua, los ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas, como por ejemplo:

– la represa del Bala-Chepete con un escandaloso costo inicial de casi 7.000 millones de $us., megarepresa que mataría 676,72 Km2 de bosque amazónico pudriendo árboles y vegetación, aniquilando especies vivas e inundando los territorios de los pueblos indígenas, desplazando a la TCO Mosetén, a los pueblos Leco, Takana, a los habitantes de San José de Uchupiamonas, torewas, esse ejas, chimanes… pueblos habitantes de la Amazonía paceña;

– el Centro de Investigación Nuclear CIDETEN en la ciudad de EL ALTO, por ser una obra de 300 millones de dólares, que viola nuestra Constitución en su artículo 344 -que prohíbe el tránsito de residuos nucleares en nuestro territorio-, y viola la legalidad al haberse firmado un Tratado con Rusia con vicios de nulidad;

– la Ley Minera que refleja exclusivamente los intereses de los sectores mineros y ha debilitado los mecanismos de Consulta Previa, permitiéndoles contaminar las fuentes de agua en beneficio de emprendimientos mineros. Es inaudito como esta Ley ha profundizado el abuso del agua obligando a agricultores y a muchas familias a dejar sus tierras;

– las políticas y decretos orientados a duplicar el PIB agrícola que derivan en la deforestación de nuestros bosques y en miles de incendios forestales.

o En su lugar, exigimos invertir recursos y esfuerzos máximos en fortalecer el cuidado del ciclo del agua y una gestión pública del agua que sea responsable, eficiente, democrática, justa, participativa y libre de prebendalismo, nepotismo, corrupción y negligencia.

o Responder a la crisis del agua con responsabilidad, celeridad, diligencia y eficiencia, velando por la salud y la seguridad de la gente, proporcionando agua limpia, potable, sin excesos de cloro y libre de contaminantes y microorganismos nocivos para la salud.

o Una auditoría pública y transparente con veedores internacionales de NNUU, OMS y OPS, a EPSAS, a la AAPS, al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y al propio Estado en sus instancias con grados de responsabilidad sobre cómo se ha previsto, cómo se ha generado y cómo se ha respondido a esta crisis del agua. No nos interesan los procesos solo a funcionarios de menor rango para liberar la responsabilidad de los jefes de estado en este conflicto, ni las inútiles interpelaciones parlamentarias que no conducen a mejorar la gestión. Se deben establecer responsabilidades en los diferentes niveles del ejecutivo por tratarse de parte indisoluble de su función como servidores públicos obligados a rendir cuentas a la población y a la posibilidad de legítimas demandas y sanciones en caso de no cumplirla. Por tanto, su trabajo debe ser eficiente, transparente y libre de negligencias.

o Una reparación del Estado a la ciudadanía por el daño causado al no haber tomado las previsiones necesarias a pesar de tener conocimiento de la inminencia de una crisis, siendo que el Agua es un derecho humano fundamentalísimo establecido en nuestra Constitución Política del Estado.

o Dar prioridad a políticas para el cuidado de nuestros bosques, contra su deforestación y por la restauración de los ecosistemas, de los acuíferos y fuentes de agua, dando la mayor atención a las zonas que requieran con urgencia la descontaminación de ríos y lagos, evitando caer en falsas y apresuradas soluciones que afecten ecosistemas vivos y asumiendo la responsabilidad de una solución integral y sostenible.

Nos pronunciamos por una participación ciudadana activa y comprometida con el cumplimiento del derecho humano al agua como bien público que no debe caer en manos de la privatización corporativa ni el uso abusivo y negligente de parte del Estado, y por promover actitudes y prácticas ciudadanas responsables y solidarias de cuidado y ahorro de este líquido vital para efectivizar los principios del Agua como derecho humano universal.

Diciembre de 2016

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA:

Artículo 16 I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. (Derechos Fundamentalísimos)

Artículo 373 I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

Artículo 374 I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes.

firmas

Categories: Historias globales

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