Foro Alternativo Mundial del Agua

La remunicipalización está en la agenda de cada vez más ayuntamientos tras años en los que la privatización ha marcado la pauta de las distintas administraciones.

El 12 de diciembre fue un día de sentimientos encontrados para Tamara y sus dos hijos menores. Por una parte, el juzgado le dio la razón otorgándole el derecho a permanecer temporalmente en la vivienda pública que había ocupado cuatro años antes en Leganés (Madrid), a donde llegó tras sufrir violencia machista. Por el otro, y prácticamente de manera paralela, se encontró con que le habían cortado el agua aprovechando un cambio de contadores manuales a otros digitales.

A pesar de que la vivienda ocupada por Tamara y sus hijos pertenece en un 60% a la Comunidad de Madrid y en un 40% al Ayuntamiento de Leganés, la gestión administrativa del inmueble recae en una empresa privada. En concreto, en la socimi —sociedad de inversión inmobiliaria— Testa Urban, filial del fondo buitre Lazora. “La consejera del Canal de Isabel II, presente en el pleno del Ayuntamiento, dijo que era mentira: que el Canal no corta el agua a nadie”, recuerda con indignación Feli Velázquez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés. Y sin embargo, del grifo de Tamara no salía ni una gota.

El caso de Tamara ejemplifica a la perfección la situación del acceso al agua potable, un derecho reconocido por Naciones Unidas. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU declaró que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. En concreto, la ONU se refirió al derecho a disponer de agua “suficiente, saludable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Y, pese a todo, el acceso a ella ha sido pasto de la privatización a lo largo de los últimos años.

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